Las privatizaciones en México

La privatización de empresas estatales empieza en el mundo con el gobierno de Margaret Thatcher en el Reino Unido, y esta política se extiende a diversos países.2 Entre los países en desarrollo y en América Latina, Chile es el país que inicia este proceso y lo lleva a cabo de la manera más vigorosa.3 En el ámbito internacional, la privatización se convierte en una de las recetas de la sana política económica recomendada por el Fondo Monetario Internacional y el Banco Mundial. El secretario del Tesoro de Estados Unidos también hace suya esta receta. Es seguida en todos los ámbitos internacionales y se pregona a la privatización como sinónimo de “modernización”, “efi-cientización” y “saneamiento de las finanzas públicas”.La rapidez con la que se extiende por el mundo el movimiento privatizador se explica en parte porque coincide con la desilusión generalizada hacia el Estado promotor y sus excesos. Los límites del enfoque racional del Estado Benefactor permitieron que los con-ceptos básicos de la economía neoliberal encontraran una nueva preeminencia.4En México, el cambio coincide con el inicio del gobierno del presidente Miguel De la Madrid y el desprestigio de los excesos de los gobiernos priístas anteriores. Se abandona la política progresista y nacionalista y se adopta una política de carácter neoliberal.El proceso de privatización tiene tres etapas: en la inicial, de 1984 a 1988, se realiza la privatización de varias empresas de diversa índole y actividad; en la segunda, de 1988 a 1999, se realiza ya la privatización a fondo de varios sectores, como los de siderurgia, banca y teléfonos; y en la tercera, de 1995 a 2000, se profundiza aún más el proceso y se realizan cambios constitucionales para vender los ferrocarriles y la comunicación vía saté-lite. En este documento revisaremos el período inicial y luego examinaremos los distintos sectores económicos en los que se llevó a cabo la privatización 55ECONOMÍAunamvol. 3 núm. 9El inicioSe procede inicialmente promulgando la Ley de Entidades Paraestatales,5 en la que se clasifican los organismos descentralizados y las empresas de participación estatal mayoritaria como estratégicos, prioritarios y no prioritarios; y se ordena todo el sector paraestatal conforme a estos criterios. De esta manera se inicia la privatización de aque-llas empresas clasificadas como no prioritarias y, para apoyar esta acción, se reclasifican los ferrocarriles, entre otras empresas, de prioritarios a estratégicos, realizándose una modificación constitucional para justificar su clasificación como organismo paraestatal no privatizable. Diez años después se decidió deshacer ese cambio.6La privatización forma parte de un proceso más amplio llamado “desincorporación del sector paraestatal”, que está conformado por 1) la liquidación de empresas o extinción de fideicomisos, 2) las fusiones, 3) las transferencias a los gobiernos estatales y 4) las ventas en sí. En estricto sentido, la privatización se refiere al último rubro, las ventas.De 1982 a 1988 la desincorporación se dio como sigue: 294 liquidaciones y ex-tinciones, 72 fusiones, 25 transferencias y 155 empresas vendidas al sector privado o al sector social.7Tan sólo se privatizarían, en un principio, las empresas no prioritarias. La gran mayo-ría de ellas filiales de Nacional Financiera y de Somex. En el primer caso, se habían acu-mulado en el organismo un gran número de empresas de participación estatal mayoritaria, algunas por promoción deliberada y otras para rescatarlas y evitar su quiebra en manos del sector privado. En el segundo caso, Somex originalmente fue una financiera privada dedicada a la promoción industrial. Contaba con una gran cantidad de empresas filiales (y al ser nacio-nalizada, todas estas filiales pasaron a ser empresas de participación estatal).A partir de 1984, tan sólo se privatizan ciertas empresas selectas, en su mayoría, como se dijo, filiales de Nafinsa y de Somex, que se vendieron a los socios privados, nacionales y extranjeros. Ése fue el caso de Dirona, Dicona, Forjamex, Sosa Texcoco, etcétera. Se trataba de empresas rentables, y si el precio de la privatización fue correcto es difícil saberlo. Podemos suponer que fue razonable, si bien con cierto castigo. Este proceso fue un poco desordenado y casuístico, y definitivamente no tuvo la transparencia que se hubiera deseado.En esta etapa se vendieron 155 empresas de participación estatal mayoritaria, entre las que cabe destacar Tereftalatos Mexicanos, que se vendió en 106 millones de dólares.8La siguiente etapa fue mucho más difícil, pues se trataba de vender empresas de baja rentabilidad o de rentabilidad negativa o dudosa. Aquí fue necesario sanear a estas 1. Quiero agradecer a Jorge Leipen y a Pedro Enrique Velasco sus comentarios al borrador del presente artículo y la gentileza de revisarlo. 2. Carlos Bazdresch, Privatización: algunas preguntas, “Privatización: alcance e implicaciones”, CIDE y Centro Tepoztlán. 1989 p. 7. 3. Mario Marcel, La privatización de las empresas públicas en Chile, op. cit. p. 95.4. Raymond Vernon, Economic Criterion for Privatization, Economic Development Institute, 1987, 5. Se hace toda una serie de disposiciones, entre las que destaca la reforma a los artículos 25 y 28 constitucionales.6.SHCP, El proceso de enajenación de entidades paraestatales, nov. 1994, p. 5.7.SHCP, op. cit., pp. 6 y 7.8. Jacques Rogozinski, High Price for Change, Inter-American Development Bank. Washington, D.C., 1998, pp. 76 y 77 04EmilioSacristan.pdf